Siguiendo con la línea de impunidad y violencia institucional que le imprime a su gestión Patricia Bullrich, Gendarmería Nacional cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso el pasado 12 de marzo que dejó en estado comatoso al fotoperiodista Pablo Grillo. Y lo hizo sin formular ningún tipo de reproche disciplinario.
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La decisión generó fuerte repudio por parte de la familia, amigos y colegas de Grillo, así como de organismos de DDHH. La medida fue calificada como una "formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes".
El cabo Héctor Guerrero, sindicado como el responsable del disparo con la pistola lanzagases que hirió gravemente a Pablo Grillo en su cabeza, continúa en funciones, a pesar de que los manuales de la propia fuerza prohíben expresamente los disparos en ángulo horizontal dirigidos a las personas, por su potencial letalidad.
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El sumario administrativo, iniciado el 17 de marzo por orden del Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, y a cargo del Comandante Mayor Adrián Barressi, concluyó apenas 24 horas después. En su "informe final", Barressi, basándose únicamente en declaraciones de personal de la fuerza, dictaminó la inexistencia de reproches disciplinarios. El asesor jurídico José Carlos Lodolo convalidó esta versión el mismo 18 de marzo, y el 19 de marzo, a solo siete días de los hechos, Porra Melconian firmó la resolución de cierre.
Lo más preocupante de esta investigación interna es la atribución de la responsabilidad del disparo a un "hecho fortuito" y a la "imprudencia" de la propia víctima por ubicarse "en la línea de tiro". En otras palabras, la Gendarmería ha culpado a Pablo Grillo por haber sido herido por un arma utilizada por uno de sus efectivos.
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Si bien el expediente fue reabierto el 25 de abril ante los avances de la causa penal, que requería información sobre el operativo y el accionar de Guerrero, las conclusiones no se modificaron. A pesar de la incorporación de nuevas pruebas y la ampliación de declaraciones de efectivos, un segundo dictamen jurídico reiteró la ausencia de reproches disciplinarios, y el 29 de abril, Porra Melconian volvió a dar por finalizada la investigación administrativa.
Para los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, que actúan como querellantes, el análisis del expediente "revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna". Señalan que todas las declaraciones de los efectivos y jefes de Gendarmería son coincidentes, afirmando que el operativo se desarrolló "con profesionalismo" y que las órdenes fueron "claras y ajustadas a los reglamentos", priorizando la seguridad de todos.
La declaración del cabo Guerrero, realizada en un entorno controlado y sin la posibilidad de repreguntas o contrastación de sus dichos, refuerza las sospechas de un encubrimiento. El gendarme afirmó haber actuado según el protocolo y desconocer la existencia de heridos, enterándose de lo ocurrido días después por los medios. Sin embargo, Guerrero aún no ha prestado declaración indagatoria en la causa penal, lo que es fundamental para el esclarecimiento de los hechos. El cierre express del sumario, en menos de dos meses, y la desestimación de pruebas que contradicen la versión oficial, como el manual que prohíbe disparos horizontales, consolidan la preocupación por la impunidad en este caso.