La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tuvo que dar de baja el paro de 48 horas que iba a llevarse a cabo el 30 de septiembre y el 1° de octubre. Esta decisión se produjo tras la declaración de conciliación obligatoria por parte del Gobierno, que comenzó un período de 15 días en el que tanto el sindicato como las cámaras de transporte deben suspender cualquier medida de fuerza.
El reclamo central del gremio, liderado por Roberto Fernández, es un incremento salarial del 9,4% que retroactivamente aplicaría a agosto. Si se acepta, el salario básico de los colectiveros alcanzaría los $1.160.000. Durante la segunda reunión entre el sindicato y las cámaras empresariales en la Secretaría de Trabajo, se planteó la posibilidad de un paro si no se lograba un acuerdo.
La UTA presentó un cronograma detallado de aumentos salariales para los próximos meses. Para septiembre, la propuesta eleva el sueldo básico a $1.200.600, mientras que en octubre subiría a $1.242.621 y en noviembre a $1.283.627. Finalmente, el objetivo es que para diciembre el salario básico alcance los $1.322.136, representando un incremento total del 24,7% en comparación con los sueldos de julio.
Mientras tanto, la Mesa Nacional del Transporte, que reúne a numerosos sindicatos del sector, convocó a un plenario para el 8 de octubre con el fin de evaluar la posibilidad de un paro nacional el 17 del mismo mes. Este anuncio se produce en un clima de tensión con el gobierno de Javier Milei.
Los sindicatos, que se agrupan en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), expusieron sus tres ejes de reclamo: “la falta de recomposición salarial; la libertad sindical y la defensa de la soberanía nacional sobre los distintos modos de transporte.” En un comunicado, afirmaron que “desde inicios de este gobierno se persigue a los dirigentes y se busca criminalizar la protesta social”.
Los representantes de distintos sindicatos, entre ellos Pablo Moyano (Camioneros) y Mario Caligari (UTA), coincidieron en la necesidad de defender la soberanía del país en lo que respecta a las rutas, ferrocarriles y demás modos de transporte frente a las políticas del actual gobierno.
