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Dilma Rousseff, al borde del juicio político por un revés en el Congreso

La comisión parlamentaria que analizaba si existen méritos jurídicos para iniciar un proceso contra la presidenta en el Congreso de Brasilia votó en su mayoría a favor y la oposición dio un paso más para la destitución. Si Diputados aprueba el impeachment con 342 votos, el Senado puede suspender a Dilma por mayoría simple y destituirla por dos tercios.

11 de abril de 2016 - 21:24

Una comisión parlamentaria especial de Brasil aprobó el proceso de juicio político a la presidenta del país, Dilma Rousseff, y la medida será debatida ahora en el pleno de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
 
La medida contó con el voto positivo de 38 legisladores de los 65 que integraron la comisión, informó la cadena Globo.
 
La comisión parlamentaria especial aprobó con 38 votos el juicio político y elevó la votación a la Cámara de Diputados
  Los funcionarios consideraron que hay una base legal para el juicio político contra la mandataria por presuntos casos de corrupción, y ahora la medida pasará a la Cámara de Diputados, que lo votará a lo largo de tres sesiones que se espera que comenzarán el próximo viernes y concluirán el domingo. En caso de aprobarse, la última decisión la tendrá el Senado.   La decisión se basó en el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien ha recomendado que se avance hacia un juicio contra la presidenta por maniobras fiscales consideradas ilegales, pese a la opinión contraria del gobierno, que califica el proceso de "golpe".    El legislador aseguró en su intervención que las denuncias contra la mandataria "son de una elevada gravedad", y añadió que su decisión de recomendar que el proceso continúe se fundamentó en "los serios indicios de delitos cometidos desde la Presidencia", referidos a maniobras fiscales consideradas ilegales que permitieron maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015.  

LA RESPUESTA DE DILMA

  El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, respondió que el proceso "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa".    "Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró, para apuntar que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".


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