El relator de la comisión del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados, Jovair Arantes, votó a favor de admitir el proceso de destitución de la jefa del Estado que impulsa la oposición.
El próximo lunes la comisión deberá votar si acompaña o rechaza la propuesta opositora contra la presidenta por crimen de responsabilidad por el llamado maquillaje fiscal dentro del presupuesto.
"Puedo ser tildado de héroe, de villano o de golpista", dijo al inicio de su informe de 130 hojas el diputado Arantes, un aliado de la oposición y del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre autorizó el inicio del proceso contra la mandataria, al que el gobierno llama "golpe de Estado".
En una sesión precedida por gritos y algunos tumultos por parte de los diputados oficialistas y opositores que conforman la comisión, Arantes consideró un crimen de responsabilidad los decretos firmados por Rousseff para realizar las "pedaladas fiscales", los movimientos dentro del presupuesto para cumplir los compromisos de la ley de responsabilidad fiscal.
El relator advirtió que "toda la denuncia debe ser admitida y elevada al Senado, que es la cámara juzgadora" y recordó la "índole política del juzgamiento" en el caso de Fernando Collor de Mello en 1992, que fue condenado por el Senado pero después absuelto por el Supremo Tribunal Federal (STF).
"Así, la naturaleza parcialmente política del impechment impone cierta flexibilización de los rigores jurídico-formales propios de un proceso judicial ordinario", escribió el relator del proceso.
La comisión debe reunirse y tener cinco sesiones hasta el lunes a las 17 horas, cuando se pretende votar. Si es aprobado, será elevado al pleno y votado el domingo 17, de acuerdo a la hoja de ruta trazada por la comisión.
En el plenario, la oposición necesita dos tercios (342 votos) para aprobar el juicio político y elevarlo al Senado, la cámara juzgadora, que por mayoría simple puede aceptarlo y darle curso, con lo cual la mandataria deberá tomar licencia de 180 días del cargo y esperar que los dos tercios de la cámara alta vote en su contra para destituirla.