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Da cátedra: califican como "grotesco" el proceso persecutorio a Cristina

El prestigioso abogado santafesino Daniel Erbetta, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dijo que el caso conocido como Juicio de Vialidad “nos permite enseñarles a nuestros alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal”. Agregó que "es un grotesco".

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, posteó en su cuenta de Twitter, una entrevista brindada por el doctor Daniel Erbetta, de origen radical, quien es ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual también fue Decano.

El video publicado por Cristina corresponde al programa “Acceso a los Derechos”, donde el letrado se mostró durísimo contra la actual actuación del fiscal Diego Luciani y el tribunal del juicio correspondiente al mencionado caso de lawfare.

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Erbetta descalificó contundentemente el juicio a la vicepresidenta. “Nos permite enseñarles a nuestros alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal”, sostuvo.

Consideró que “quienes integramos el poder judicial, y además tenemos vocación docente, no podemos callar, porque el silencio puede ser cómplice y aquí, independientemente de las constancias que puede haber en una investigación y en un proceso judicial, que yo no las conozco completamente y, por lo tanto, no podría opinar sobre ellas, sí me parece que hay presupuestos sobre los cuales se debe dar una opinión”.

Erbetta criticó duramente que se haya comparado este juicio con el juicio a las juntas militares. “Cuanto menos constituye una falta de respeto, no sólo a la sociedad toda que integramos, sino que constituye una afrenta al propio sistema democrático y al propio expresidente Alfonsín”, y agregó que comparar un juicio -donde supuestamente se está investigando sobreprecio en obra pública con el tribunal totalmente legitimado que sometió a juicio a los responsables del Terrorismo de Estado “es vergonzante y no puede ser admitido ni aceptado por ningún integrante de ningún poder del Estado, y mucho menos por ningún integrante de ningún partido político democrático, porque es una forma de minar la democracia”.

Erbetta sostuvo que “vivimos en una sociedad donde la mujer siempre paga, y creo que este es otro matiz que no podemos dejar de señalar”.

En su rol de profesor de Derecho Penal, el magistrado sostuvo que “esto debe discutirse en las universidades. Porque este es un problema de debido proceso. Dejemos de lado la evaluación de los elementos completos que puede haber, porque yo no intervengo en el juicio. Pero lo que ha dejado traslucir la prensa, lo que ha dejado visualizar la revisión de las distintas audiencias comprometen principios básicos de un Estado de Derecho”.

Por esto consideró que el juicio “nos permite enseñarles a nuestros alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal”.

Más adelante, Erbetta señaló cinco puntos que descalifican la actuación del fiscal Luciani y la permisividad del tribunal al dejar que sucedan:

“El principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Si alguien dijera esto en una facultad de derecho obviamente no pasa la materia.”

Admisibilidad de la prueba. “La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y ante un tribunal imparcial. Valorar no sólo la validez sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Pero esto es una cuestión de examen, de examen de grado universitario. Como docente no sólo lo desapruebo, sino que esta repetición de equívocos o ignorancia del Derecho es tan grande, que le sugiero que estudie en otra facultad, arquitectura u otra carrera, pero no me parece que sea la vocación para un alumno que cometa tantos errores. Dejemos de lado que esa prueba, traída por la ventana, no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta porque no representan nada, por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y a otros empresarios que tienen que ver con otra gestión de gobierno. Pero, dejando de lado esa cuestión, ¿cómo la van a incorporar? ¿Prueba por la ventana y el Tribunal va a permitir eso?", se preguntó.

En tercer lugar, la imparcialidad del juzgador. “Acá hay jurisprudencia internacional, hay jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Y la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha del temor de parcialidad. No sólo debo hacerlo, sino que debo aparentarlo.”

En relación a la falta de imparcialidad manifiesta, Erbetta señaló la existencia de “jueces que integran un mismo equipo de fútbol, que juegan en una determinada cancha; personas vinculadas a la política claramente enfrentadas con los imputados y que, luego de ser cuestionados, aparecen por televisión con un mate, identificado con un escudo del equipo Liverpool, en una clara provocación que merecería la intervención de la justicia federal, o por lo menos la actuación del Tribunal de Ética. Porque -cuanto menos- constituye una absoluta falta de ética y una falta de respeto la provocación en la que incurrió ese integrante del Tribunal”.

En cuarto lugar, la cuestión de la oralidad. “Los juicios son orales, no son juicios leídos”, subrayó. “Y hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vaya a la provincia de Santa fe a ver si algún fiscal o algún defensor está leyendo un guión como se leyó en este juicio.”

En quinto lugar: los Derechos del imputado. “Negarle al imputado la posibilidad de declarar”, dijo el magistrado en forma exclamativa, e inmediatamente aludió al polémico fiscal Luciani: “Si yo someto a estas 5 preguntas que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de Derecho Procesal Penal, le aseguro que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia”.

“Este proceso, si tiene algún valor es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez”, dijo con contundencia el juez.

Agregó que espera que el tribunal “corrija esto en la sentencia, porque pueden forzarse tanto como para que el juicio sea fulminado de nulidad”. Este proceso “no puede sostener ningún tipo de validez, por lo tanto, el valor pedagógico del juicio de Vialidad es muy grande, porque por vía negativa nos permitiría explicarles a los alumnos el problema del debido proceso”.

Erbetta afirmó que “ningún docente ni magistrado del poder judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco. Porque si hoy 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, esta gente está contribuyendo a que prácticamente lleguemos a batir un récord de falta de credibilidad. Y yo, por otra parte, me veo obligado a decirlo, no sólo por mi compromiso docente, sino que, como miembro del poder judicial, lo tengo que decir, porque yo soy distinto. Yo no quiero que me identifiquen con esa gente, no somos todos iguales.”

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Consultado sobre si una eventual condena a la vicepresidenta implicaría su proscripción, Erbetta dijo que “sí, no hay duda, si se le impusiera inhabilitación para ejercer cargos públicos”, pero agregó que no va a ser simple e inmediato, “este proceso me parece que va a tener otras instancias, va a perdurar en el tiempo y tal vez a alguien le resulte funcional tener a la vicepresidenta sometida durante años, porque este es otro problema de la justicia federal”, refiriéndose a la lentitud en la resolución de los juicios.



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