La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) realiza este miércoles un paro sorpresivo con movilización en solidaridad con el exsecretario general de ese gremio Santiago Goodman, al adelantarse la fecha en que se conocerá la condena en el juicio por el incendio que en septiembre de 2019 destruyó parte del edificio de la Cámara de Diputados local.
El paro de actividades en principio estaba previsto para mañana, fecha en la que se iba a dar a conocer la pena que deberá cumplir Goodman tras la audiencia de cesura en la que la fiscalía pidió cinco años de prisión de efectivo cumplimiento.
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"El paro con movilización estaba previsto para mañana, pero como la jueza (María Tolomei) adelantó para este mediodía la lectura de la resolución en la cual se fijará la pena, nosotros también adelantamos la marcha en defensa a nuestro compañero", indicó a Télam el secretario general de la Atech, Daniel Murphy.
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El carácter "sorpresivo" del paro es que fue convocado anoche, tras conocerse el adelantamiento de la lectura de la resolución judicial.
Para Murphy, el juicio contra su antecesor "es una clara maniobra de reprimir la protesta social" por parte del Ejecutivo provincial.
De acuerdo a un sondeo efectuado por Télam en distintas escuelas, el acatamiento a la medida de fuerza es dispar, aunque adquiere contundencia en aquellos colegios donde los porteros se plegaron a la huelga, por lo que esos establecimientos directamente no abrieron sus puertas.
Si bien los porteros, ayudantes de patio, personal de cocina y limpieza no son afiliados a la Atech, la postura de los auxiliares de la educación se explica en que "la CTA también se plegó a la medida y eso suma a otros gremios" aclaró a Télam el dirigente local de esa central de trabajadores, Tomás Montenegro.
El juicio oral y público halló culpable a Goodman por el delito de "incendio agravado" en calidad de coautor al edificio de la Cámara de Diputados, ocurrido el 17 de septiembre del 2019, que tiene una pena de entre tres y 15 años.
En una audiencia posterior a la sentencia condenatoria, se debatió la pena en la cesura de juicio, donde la fiscal Florencia Gómez pidió 5 años de prisión de efectivo cumplimiento en tanto la defensa, ejercida por el abogado Sergio Miranda, bregó por la mínima de tres años con excarcelación.
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