La Justicia está actualmente investigando cuatro expedientes de irregularidades. Estos están relacionados con la falta de distribución de alimentos a comedores por parte del Ministerio de Capital Humano y transacciones multimillonarias con la ONU. Todo esto ocurre mientras el gobierno intenta desviar la atención de los casos de corrupción, manchando la reputación de los piqueteros y beneficiarios de planes sociales. Todos los indicios apuntan a Sandra Pettovello.
El Gobierno es tanto denunciante como denunciado en dos causas diferentes. Después de que el gobierno impulsara allanamientos en más de 20 casas y cooperativas a través de la justicia, ahora se encuentra en el centro de la corrupción que denunciaba. Parece que la corrupción se encuentra dentro del Ministerio de Capital Humano.
El primer caso en el que el Gobierno es denunciante se inició por llamadas anónimas controvertidas recibidas en una supuesta línea del Ministerio de Seguridad. Esta línea fue abierta por Patricia Bullrich para recibir supuestas denuncias de personas a las que, según el gobierno, se les obligaba a asistir a las marchas para asignarles planes sociales. El gobierno afirmó haber recibido más de 10.000 llamadas, pero solo quedaron SIETE personas identificadas que aún no han hecho declaraciones.
Paralelamente, el líder social Juan Grabois denunció que el Gobierno estaba reteniendo los alimentos destinados a ser distribuidos entre los comedores populares. Finalmente, se dictaminó que el Gobierno debía presentar un plan para distribuir la comida que tenía almacenada en dos depósitos en Villa Martelli y en Tafi Viejo, Tucumán.
Además, se le ordenó al Gobierno que informara sobre el stock completo de los alimentos acumulados y que proporcionara los expedientes de cada una de las compras realizadas. El Ministerio de Capital Humano ignoró la orden judicial y la apeló. Posteriormente, se llevó a cabo una audiencia escandalosa en la Cámara Federal, donde la abogada del ministerio, Leila Gianni, tuvo un enfrentamiento acalorado con Grabois. Finalmente, el Gobierno decidió distribuir la leche y el resto de la comida en escuelas de bajos recursos y a través de la red de la Fundación Conin.
En su escrito, el Gobierno afirmó que la Justicia le obligaba a distribuir esa comida que, según él, había comprado para enfrentar catástrofes. Esto parece contradictorio, ya que los alimentos estaban a punto de vencer. La inspección que Casanello dispuso en los depósitos permitió establecer que había leche en polvo que vencía el próximo mes, y que había faltantes e inconsistencias entre lo que el Gobierno declaró que existía y lo que realmente había en los depósitos.
Además, Casanello solicitó los expedientes de compra de la comida para hacer la trazabilidad de cada lote, pero el gobierno de Milei no se los envió.
Ante esta situación, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció al Ministerio de Capital Humano y solicitó que esta causa se tramitara como un amparo colectivo. La justicia aprobó la solicitud y ordenó que se verifique si existen procesos similares en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
Pocas horas después, se desató un escándalo multimillonario en el mismo ministerio dirigido por Sandra Pettovello. Mientras Leila Gianni denunciaba a Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la secretaría de Niñez, y a Federico Fernández, por un mecanismo de contratación de empleados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se destapó otro escándalo. Se menciona que estos programas internacionales, diseñados para financiar consultorías o capacitaciones, se utilizaban para pagar salarios regulares o sobresueldos.
El pasado 8 de febrero, la Ministra Sandra Pettovello aprobó la asignación de 14.000 millones de pesos al “Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”. La intención era que el PNUD colaborase en la compra de alimentos para los comedores comunitarios. No obstante, Pettovello autorizó una cantidad que excede el límite de su competencia sin requerir autorización adicional, ya que cualquier cantidad superior a 2.700 millones de pesos necesita la firma de la Jefatura de Gabinete. A pesar de la transferencia de fondos, la licitación no se finalizó y los alimentos no se distribuyeron, dejando al PNUD en una situación de incertidumbre.
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