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Bolivia: los golpistas dan plazo al Gobierno para la liberación de detenidos

Continúa el paro indefinido en la región boliviana de Santa Cruz, aún después de que el Gobierno nacional haya explicado que el censo no podría realizarse antes de lo previsto. Ahora los golpistas provocan dando un plazo para que se liberen sus detenidos.

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz decidió la noche del domingo continuar con el paro y provocó al gobierno nacional con un plazo de 72 horas para la liberación de los detenidos producto de los violentos enfrentamientos con los que reclamó un adelantamiento en la fecha de realización de un censo, una manifestación que fue considerada como un intento de golpe de Estado por las autoridades bolivianas y también condenada por organismos internacionales.

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La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, inició, desde principios de noviembre, un enfrentamiento con el gobierno central exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que se recibe en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.

El gobierno de Luis Arce acaba de confirmar que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que incluyó cortes de rutas, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de entre tres y cuatro personas, según distintos balances.

Durante los últimos días, el paro indefinido impulsado por Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y otros líderes de la oligarquía en Santa Cruz, se volvió más violento y racista. Un grupo arremetió contra la marcha pacífica de la población que demandaba el fin del bloqueo y se dirigía hacia el monumento del Chiriguano, en la ciudad de Santa Cruz en rechazo al paro cívico.

Se habla de muertes, uno de ellas cometida a puñaladas, también de una violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales.

El diario paceño La Razón publicó este lunes que el cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz determinó dar un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos, mientras el paro indefinido se mantiene.

Exigió además una ley que garantice que el censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplicará antes de las elecciones de 2025.

En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, fustigó al Gobierno y alentó a sus afines a recargar energías pues “la lucha no ha terminado”.

Desde el lado del gobierno nacional, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó este domingo a la institucionalidad cruceña a “avanzar” y abandonar las medidas de presión.

Parada señaló que, con la entrada en vigor del decreto supremo 4824, que establece la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año, ya no son necesarias las medidas de presión que afectaron por 23 días "al sector más vulnerable de la población".

“Es momento de avanzar, ya hay decreto, ya hay fecha”, señaló en entrevista con la estatal Bolivia Tv reproducida por la agencia de noticias ABI.

La titular de la Presidencia recordó que la norma censal tiene como base las recomendaciones de la mesa técnica que se desarrolló en Trinidad y que recoge también las propuestas de delegados políticos y productivos de Santa Cruz sobre la redistribución de recursos el 2024.

 

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este fin de semana los actos de violencia originados por los opositores de Santa Cruz.

"CIDH condena nuevos actos de violencia en Santa Cruz: agresiones físicas y contra periodistas, violencia sexual, hostigamientos a personal y usuarias de Casa de la Mujer, y el incendio de la Central Obrera. Urge al Estado investigar con enfoque de género étnico-racial", tuiteó este domingo la CIDH que, a su vez, también instó a los manifestantes a evitar todo acto de violencia y a la sociedad a emprender un diálogo efectivo.

Cabe recordar que en 2019 ocurrió un golpe de Estado que obligó a Evo Morales a renunciar a su cargo y exiliarse a México. Entonces, Jeanine Áñez, que por entonces era vicepresidenta de la cámara de senadores, se autoproclamó presidenta de Bolivia.



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